Datos importantes a considerar en este 8M
Hace un año, también en un 8 de marzo, la huelga feminista tenía lugar en varios países del mundo. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres se movilizaron para hacer oír su voz y notar su importancia. Con tal motivo, organizaciones feministas elaboraron un manifiesto para el 8M de ese año. Manifiesto en el cual se denuncia la violencia y se exige respeto.
Estamos en un nuevo 8M, un año después de esa huelga. Y nos toca preguntarnos cuánto hemos avanzado en nuestro pedidos. La lucha es diaria, eso es cierto. Y difícil, sin lugar a dudas. Por eso hoy no es un día que se celebre, es un día para recordar cuál es nuestra situación en el mundo y en nuestro país.
Analicemos algunos de los puntos del manifiesto del año pasado, tomándonos la libertad de añadir la recurrente polémica que representa el aborto, y veamos qué tan bien nos está yendo:
¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas.
QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas.
Hablar sobre feminicidios ya no es impactante. No pasa un solo día sin que se reporte, sin mucha cohibición, por lo menos la muerte de una mujer. Y sin escatimar en el escándalo se acompaña la nota o el post con imágenes explícitas y unos cuantos pixeles que esconden el rostro de la víctima. Es indistinto. Una mujer más murió y luego del leve estremecimiento que recorre a quien lo lee o ve, no se hará nada más.
El noviembre pasado la Defensoría del Pueblo en trabajo conjunto con ONU Mujeres elaboró un informe en el que se calcula que, en promedio, se registran 97 casos al día de violencia a la mujer. Si esta cifra no es lo suficientemente espeluznante, en ese mismo año se denunciaron 31.504 casos de violencia, más del triple que cualquier otro delito reportado en la gestión.
Una pregunta pertinente es ¿por qué no se hace más?, en países vecinos como Argentina los mismos ciudadanos se organizaron y crearon todo un movimiento entorno a la aceptación de que sí existe un peligro para las mujeres y por consecuencia se sugirieron medidas a favor de su seguridad, y en Bolivia -que, por cierto, tiene la tasa de feminicidios más alta de toda Latinoamérica según un informe de la Comisión Económica para América Latina- los encargados de pautar las normas confiesan de que las leyes de protección están establecidas pero no se comprobó si se las cumple o mínimamente si se penaliza a los culpables de añadir un número más a las 128 mujeres asesinadas en 2018.
¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!
La Constitución boliviana tiene 10 leyes que incluyen tanto la identidad de género como la diversidad sexual, y no solo eso, es la quinta constitución a nivel global en la que se prohíbe la discriminación por la identidad sexual de las personas. Aun así, a pesar de esta serie de normas que intentan asegurar derechos humanos básicos a la comunidad LGBTQ, los datos que se tienen sobre la misma son muy escasos.
No hay disponible ninguna base de datos que cuantifique la cantidad de crímenes o injusticias laborales y/o sociales que afectan a la comunidad. Fuera de los ocasionales titulares que hablan sobre crímenes de odio y las posibles causas por las que no son denunciados, la única manera de lograr atención mediática es cuando una persona homosexual o transexual es asesinada.
Debido a la falta de información es imposible corroborar si las medidas implementadas por el gobierno son exitosas o fallan en su propósito de brindar seguridad a todos aquellos que no se identifican como heterosexuales y cisgénero.
En nuestra búsqueda de datos que permitan entender la realidad diaria y los problemas que enfrentan las mujeres transexuales nos topamos con otro problema: los ya de por sí escasos datos fallan en separar a los diferentes grupos que componen a la comunidad LGBTQ. Además de invisibilizar a estas personas, se anulan sus diferencias al agruparlas bajo una visión que las cataloga como un solo ente.
En el informe de 2017 sobre trabajo sexual en Bolivia se apunta que la población trans, especialmente las mujeres transexuales, reportan un altísimo porcentaje de dedicación a la prostitución, situación en la que muchas de ellas se encuentran debido al rechazo de otras fuentes de trabajo por su orientación sexual.
No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo.
La brecha salarial entre hombres y mujeres aún existe.
En Bolivia, según el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas de la UCB, por cada 100 bolivianos que obtienen los varones en su trabajo, las mujeres reciben hasta un 28% menos de paga, dependiendo de su formación. Esto solo muestra que el techo de cristal todavía no se ha roto. Incluso en el ámbito privado, las diferencias siguen siendo notables, con las mujeres recibiendo un sueldo hasta un 10% menor que los hombres por el mismo trabajo desempeñado.
No olvidemos, tampoco, que muchas veces las mujeres también tienen que hacerse cargo de la mayor parte del cuidado de los hijos y del hogar. Un trabajo extra no reconocido, que es puesto casi siempre, de manera automática, sobre sus hombros.
Según el informe publicado en 2017 por ONU Mujeres, solo un 49,6% de las mujeres en edad de trabajar tiene un rol activo al contar con un puesto de trabajo, a diferencia del 76,1% de hombres. Sin embargo, las mujeres están concentradas en empleos de menor remuneración, mayor inseguridad laboral, falta de prestaciones sociales y menor cualificación profesional.
El trabajo informal es la principal fuente de empleo para las mujeres en los países en desarrollo, representando un 59% del total de mujeres empleadas en América Latina y el Caribe. Entre los trabajos incluidos en esta categoría están los laburos por cuenta propia -tal es el caso de las vendedoras callejeras, comerciantes minoristas, agricultores de subsistencia- y las trabajadoras del hogar o de cultivos de temporada.
QUEREMOS decidir sobre nuestros cuerpos
La marea verde parece no detenerse. En países como Argentina o México, los pañuelos verdes inundaron las calles pidiendo la legalización del aborto, el derecho a poder decidir sobre nuestros cuerpos.
En Bolivia, el aborto sigue siendo considerado un delito. Hay algunas excepciones en las que no se aplican sanciones penales: cuando el embarazo es producto de una violación, de incesto, o pone en riesgo la vida de la madre. No obstante, eso tampoco libra a las mujeres de la crítica que la sociedad hace llover en cualquier mujer que se practica un aborto.
Pero, sea legal o no, las mujeres abortan, poniendo en riesgo sus vidas para hacerlo. Según datos de la campaña “28 de septiembre”, en 2016 hubo 20 mil mujeres que fueron atendidas debido a complicaciones en abortos. Cada día se practican alrededor de 185 abortos inseguros. Estamos hablando de vidas de mujeres en riesgo, de complicaciones y peligros que serían mucho menores si tuviéramos la posibilidad de decidir.
Entonces, ¿cómo nos está yendo?
Nada grave, ¿no?
Nada que una felicitación en el día de la mujer no solucione.
Nada más que exageraciones, ¿verdad?
Lastimosamente no. Nos encantaría estar exagerando. Nos encantaría que los más de 500 feminicidios no hubieran sucedido en los últimos cinco años. Nos gustaría poder decidir, caminar, hablar y ser sin miedo alguno.
Pero aún no podemos. Aún falta. Por eso marchamos, por eso paramos y exigimos. Por eso escribimos, creamos y nos abrazamos en esta sororidad que se empieza a construir.
¿Cómo nos está yendo?
Lastimosamente, no muy bien.
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